Análisis fiscal: ¿solicitudes provinciales generan déficit de $3.700 millones?

El análisis realizado por el Ejecutivo nacional sobre el impacto fiscal de las solicitudes de los gobernadores provinciales ha puesto de manifiesto que las medidas requeridas "generan déficit". La implementación de estas decisiones costará aproximadamente $3.700 millones al Tesoro, lo que ha dificultado las negociaciones con las provincias.

Entre los pedidos se encuentran los relacionados con la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que aún no se han asignado, totalizando $293.000 millones. Además, el financiamiento de las cajas jubilatorias figura en la lista, alcanzando unos $322.000 millones. También se solicitó la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que implica $1.700 millones, y la liquidación de compensaciones pendientes del consenso fiscal de 2017, por un monto de $1.000 millones.

Desde el Gobierno, reiteran que "no está dentro de las posibilidades cumplir con todos los pedidos" de las provincias. Asimismo, advirtieron que si no se llega a un acuerdo significativo antes del 30 de noviembre -fecha límite para el tratamiento ordinario- no habrá convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Mientras tanto, algunas áreas del Ejecutivo ya están enfocadas en la planificación del presupuesto para 2025, sin ajustarse a los límites del proyecto actual. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto al asesor Santiago Caputo, coordina reuniones internas para decidir la asignación de recursos. Desde el círculo cercano del presidente Javier Milei, se manifiestan que la prórroga del presupuesto permite una mayor flexibilidad en la distribución de recursos y aseguran que la ausencia de un proyecto aprobado no afectará la capacidad de conseguir créditos en el ámbito internacional.

En el ámbito legislativo, José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, tuvo que cancelar una reunión crucial debido a la falta de progresos en las conversaciones con la oposición y la ausencia de detalles claros sobre los posibles acuerdos. Los gobernadores temen que la falta de consenso afecte la financiación de servicios esenciales en sus provincias. Mientras tanto, algunos analistas advierten que la falta de un acuerdo podría profundizar la crisis fiscal y social en el país.