Nafta y gasoil tienen hasta 5% de aumento, pero el costo real es mayor

El precio del barril de petróleo lleva varios meses moviéndose en una banda que va de los 80 a 100 dólares, con escaladas que incluso perforaron ese techo en algunas jornadas. En ese contexto, mantener los valores de los combustibles sin sobresaltos se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para las compañías distribuidoras y refinadoras, que deben equilibrar la evolución de sus costos con la capacidad de pago de los consumidores y la presión política por no alimentar la inflación.

En los últimos días, los relevamientos de mercado detectaron subas en naftas y gasoil, aunque el valor que finalmente llega al surtidor todavía está contenido porque el Poder Ejecutivo viene postergando mes tras mes la actualización de un tributo específico que, de aplicarse, sumaría más de $200 al costo de cada litro que paga el usuario. Esa decisión oficial funciona como un amortiguador artificial que evita que el ajuste sea aún mayor.

Consultado sobre esta dinámica, el presidente de YPF, Horacio Marín, reafirmó la existencia de un "buffer" de precios que la compañía despliega para suavizar el traslado del costo del crudo hacia el consumidor final. "Cuando sube los ayudamos, cuando baja nos ayudan a nosotros", graficó el titular de la firma con mayor participación de mercado en el país. La lógica del esquema es sencilla en su formulación pero compleja en su aplicación: cuando el barril supera determinado umbral, la empresa congela el precio y absorbe la diferencia; cuando el crudo cede, mantiene el valor para recuperar lo que dejó de ganar en la etapa anterior.

Sin embargo, el plan se vio tensionado por la persistencia de costos internacionales elevados, consecuencia de un conflicto en Medio Oriente que se prolongó más de lo que muchos analistas anticipaban. Esa extensión del escenario de precios altos puso a prueba la capacidad de las compañías de sostener el esquema sin trasladar todo el impacto a los surtidores.

El entendimiento entre petroleras y refinadoras contemplaba que los precios de los combustibles se mantuvieran estables mientras el barril de petróleo continuara por encima de los u$s80, con el compromiso de sostener esos valores luego hasta equiparar los flujos financieros. Se trata de un mecanismo de compensación intertemporal que busca evitar que la volatilidad del mercado internacional se traslade de manera inmediata al surtidor.

En paralelo, el Gobierno aportó su propia herramienta para contener las subas: la prórroga sistemática del impuesto a los combustibles. Según los cálculos oficiales, esa decisión dejó el valor del litro unos $233 por debajo de lo que habría costado si el tributo se hubiera actualizado en tiempo y forma. Se trata de algo más del 11% que, en ausencia de esa medida, debería haber salido del bolsillo del consumidor. El objetivo declarado es claro: evitar que los combustibles sumen una presión adicional sobre la inflación, variable que el Poder Ejecutivo utiliza como principal argumento para defender su gestión económica.

La combinación de un crudo que se mantiene en niveles elevados, un impuesto postergado y un esquema de compensación entre empresas configura un equilibrio que, por ahora, se sostiene pero que depende de múltiples variables. Si el barril se mantiene en la zona alta durante más tiempo del previsto, la capacidad de absorción de las compañías podría verse exigida. Si, en cambio, el crudo cede y se normaliza el escenario internacional, el mecanismo permitiría recuperar parte del terreno perdido sin sobresaltos para el consumidor.

Por lo pronto, el surtidor refleja un aumento acotado que no termina de trasladar todo el peso de los costos internacionales ni tampoco el del tributo diferido. Esa brecha entre lo que debería costar el litro y lo que efectivamente cuesta constituye, en la práctica, un subsidio implícito que sostienen en partes las empresas y el fisco, con un impacto fiscal y financiero que tarde o temprano deberá resolverse.