El gobierno de Javier Milei retira al Estado nacional de YMAD y cambia su esquema de control
Mediante el Decreto 2/2026, el Ejecutivo oficializó la salida del Estado nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, dejando la gestión en manos de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán con un nuevo directorio.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó el retiro definitivo del Estado nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026 publicado en el Boletín Oficial este lunes. Esta medida aprueba el acuerdo que modifica el histórico Acta del Farallón Negro y reforma la Ley 14.771, que regula el funcionamiento de YMAD, un organismo clave para la minería en Argentina.
Según el decreto, el "Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro", firmado el 15 de diciembre de 2025 entre el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, dispone el cese de la participación estatal en la gestión y funcionamiento de YMAD, así como el deslinde de cualquier responsabilidad futura que pueda afectar los recursos del Tesoro Nacional.
Con esta reforma, YMAD quedará conformada en un 60% por la Provincia de Catamarca y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, sin intervención directa del Estado nacional. El decreto también establece que ambas partes podrán acordar en el futuro su retiro del ente o la incorporación de nuevos miembros mediante la transferencia total o parcial de sus participaciones.
En cuanto a la estructura del directorio, se modificó la integración: el presidente y dos vocales serán designados por la Provincia de Catamarca, mientras que los otros dos vocales pertenecerán a la Universidad Nacional de Tucumán. De esta forma, se elimina la facultad que hasta ahora tenía el Poder Ejecutivo Nacional para nombrar al titular del organismo.
Además, el decreto redefine el marco jurídico de YMAD, estableciendo que en sus relaciones con terceros se regirá por el derecho privado. También actualiza los mecanismos de compras y contrataciones, que deberán regirse por principios de publicidad y competencia de precios.
El Gobierno justificó esta decisión en la necesidad de reducir el déficit fiscal, evitar eventuales compromisos financieros para el Tesoro Nacional y avanzar en la racionalización del Estado. En ese sentido, argumentó que "han dejado de existir" las razones que motivaron la participación estatal en esta empresa minera.
El decreto entró en vigencia con su publicación y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre la validez del DNU conforme a la Ley 26.122. La oposición criticó la medida, advirtiendo riesgos para el control estratégico de recursos naturales. En tanto, desde Catamarca y la UNT destacaron la oportunidad para fortalecer la gestión local y académica en el desarrollo minero.
