El Estado paraguayo activa el rescate de los ahorristas de Ueno Bank tras la intervención por insolvencia
El Banco Central dispuso la resolución de la entidad y activó el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona. El Gobierno busca acelerar los pagos mediante una ley de emergencia mientras la crisis política escala con detenciones y pedidos de juicio político.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank entró en una nueva fase este miércoles, cuando el Estado paraguayo comenzó a desplegar los mecanismos para rescatar los ahorros de los casi 2,9 millones de clientes de la entidad digital, cuyas operaciones fueron suspendidas tras detectarse un severo deterioro de su solvencia .
El Banco Central del Paraguay (BCP) inició formalmente el procedimiento de resolución de Ueno Bank luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo regulatorio exigido, situándose en torno al 5,56% frente al 12% requerido. La medida implicó el cierre inmediato de todas las operaciones: la aplicación móvil, las tarjetas de crédito y débito, y las sucursales dejaron de funcionar, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus fondos
Para proteger a los ahorristas, el BCP activó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica, un monto equivalente a 228.300.000 guaraníes (aproximadamente 38.000 dólares). Según estimaciones oficiales, alrededor del 97% de los depositantes tendría la totalidad de sus ahorros cubiertos por este seguro. Sin embargo, el proceso de devolución enfrenta desafíos operativos y políticos.
La intervención de Ueno Bank no solo afectó a los ahorristas individuales, sino que expuso una fuerte exposición de fondos públicos. Se estima que el Estado y el IPS mantenían entre 800 y 850 millones de dólares en la entidad, lo que representa casi un tercio de los depósitos totales del banco. Esta situación generó cuestionamientos sobre la concentración de recursos estatales en una entidad privada y llevó a que sectores como la Asociación Rural del Paraguay rechazaran el uso del Fondo de Garantía para cubrir la totalidad de los depósitos públicos, argumentando que socializaría las pérdidas
En paralelo al rescate financiero, la crisis derivó en una tormenta política. El presidente del BCP, Carlos Carvallo —quien antes de asumir el cargo en 2023 había dirigido la financiera que originó Ueno Bank— presentó su renuncia, aunque permanecerá en funciones hasta culminar el proceso de resolución . La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de la entidad, incluido su fundador, Miguel Vázquez, y dispuso embargos preventivos por 70 millones de dólares sobre bienes de los accionistas. Mientras tanto, un grupo de senadores anunció que impulsará un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, por presuntos conflictos de intereses y negligencia en la supervisión del banco.
El Gobierno insistió en que se trata de un “caso particular” y no de una crisis sistémica. El vicepresidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) afirmó que el sistema financiero mantiene su solidez y liquidez, y descartó un riesgo de contagio a otras entidades . No obstante, el episodio representa un golpe a la imagen de estabilidad económica que Paraguay había proyectado en los últimos años y deja abierta la incertidumbre sobre el costo fiscal final del rescate y la recuperación de los fondos públicos comprometidos.
