Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores tras 57 días sin volar
La aerolínea de bajo costo redujo su flota de 13 a 3 aviones, acumula salarios y indemnizaciones impagas para cerca de 1.000 empleados, enfrenta cheques rechazados por más de $2.900 millones y acreedores públicos y privados que ya le trabaron embargos.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
Flybondi formalizó su presentación en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia, con el objetivo de reestructurar una deuda que ya supera los $4.000 millones y evitar que la compañía termine en una liquidación definitiva. La presentación fue realizada por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad operadora de la aerolínea, y el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.
La crisis de Flybondi no fue repentina, sino el resultado de un desmoronamiento sistemático que se profundizó a lo largo de los últimos meses. El último vuelo de la compañía despegó el 5 de agosto, cuando una aeronave completó el tramo Bariloche–Ezeiza. Desde entonces, la low cost que llegó a operar 13 aviones permanece totalmente inactiva: solo conserva 3 aeronaves en territorio argentino, todas fuera de servicio. Las otras 10 fueron devueltas a sus arrendadores, aunque algunas aún permanecen en el país a la espera de completar los trámites de reexportación. Su sitio web volvió a quedar fuera de línea y no permite vender pasajes ni gestionar reservas existentes.
Los números del pasivo reflejan la magnitud del problema. Según los registros judiciales y las gestiones administrativas ya iniciadas, la deuda confirmada de Flybondi alcanza al menos $4.000 millones; si se suman intereses y costas judiciales, la cifra se acerca a los $4.600 millones. Dos acreedores públicos concentran buena parte del reclamo: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cada una con acreencias superiores a los $1.500 millones. Ambas entidades ya trabaron embargos sobre las cuentas bancarias de la empresa entre agosto y septiembre. La deuda con la ANAC corresponde específicamente a seis facturas impagas por la tasa de seguridad aeroportuaria, entre otros conceptos.
En el ámbito privado, el mayor reclamo individual proviene del Hotel Presidente, que le reclama a la aerolínea cerca de $660 millones. A esto se suman al menos 27 cheques rechazados por un monto superior a los $2.900 millones, lo que agrava la situación de los proveedores que quedaron atrapados por la paralización de la compañía.
Uno de los puntos más críticos para los acreedores es que Flybondi prácticamente no tiene activos con los que responder. La empresa no es propietaria de ningún avión —toda su flota fue adquirida mediante leasing— ni posee inmuebles propios. Sus activos se limitan al valor comercial de sus rutas, su certificado de explotación y su marca, todos bienes intangibles cuyo valor de realización es difícil de estimar. Los cálculos del mercado ubican el pasivo en torno a los USD 120 millones, mientras que el valor de los activos no alcanzaría ni el 10% de esa cifra.
La presentación en concurso preventivo abre además un interrogante clave: si el proceso se acumulará o no al concurso de OCA, la empresa de logística que pertenece al mismo grupo controlante. Ambas firmas forman parte del holding COC Global, controlado por el empresario Leonardo Scatturice, y OCA se encuentra en concurso desde junio de 2025 en el Juzgado Comercial N° 22. Flybondi intentó que su expediente se vinculara al de OCA invocando la existencia de un "grupo económico", pero hasta el momento la Justicia no autorizó esa conexidad.
El concurso preventivo, en términos legales, no equivale a la quiebra. Se trata de un mecanismo que busca darle a la empresa en dificultades un marco judicial para reorganizar sus deudas, congelar el cálculo de los pasivos a una fecha determinada y concentrar en un solo proceso la presentación de todos los créditos. Pero para Flybondi el verdadero desafío es otro: con casi dos meses sin operar y sin ingresos, deberá convencer al juez de que existen condiciones mínimas para continuar operando. El mercado, por ahora, mira el desenlace con escepticismo.
