El Gobierno adjudicó la privatización de AySA por USD 340 millones y estableció fecha límite para firmar
El Ministerio de Economía eligió al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor para tomar el 90% de las acciones estatales de AySA. La operación enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses y una denuncia que pide investigar la valuación de la empresa.
El Gobierno argentino oficializó la adjudicación de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por un monto de USD 340,2 millones. La decisión fue comunicada el jueves 22 de octubre de 2026 mediante una resolución del Ministerio de Economía, que estableció como plazo máximo para firmar el contrato de compraventa el próximo 13 de noviembre.
La oferta ganadora corresponde a un consorcio formado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações S.A., PHX Aqua AR B.V. y Transclor S.A., quienes adquirirán el 90% de las acciones estatales de AySA. En segunda posición quedó el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, con una propuesta de USD 285 millones, ambas sin incluir IVA.
Este avance en la privatización forma parte del programa impulsado por la administración de Javier Milei. Sin embargo, el proceso se vio empañado por cuestionamientos relacionados con los criterios para valorar la empresa y posibles vínculos entre algunas compañías del consorcio ganador y aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza.
La Resolución 1818/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial, formalizó la adjudicación tras el dictamen favorable de la Comisión de Evaluación, que consideró las ofertas económicas razonables según la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Además, se corrigió el contrato para precisar que la operación abarca 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representando el 90% del capital social y de los votos de la empresa.
El proceso se enmarca en la Ley Bases que declaró a AySA sujeta a privatización. En julio de 2025, el Decreto 494 habilitó la venta, y en mayo de 2026 se convocó a la licitación para transferir la totalidad de las acciones estatales a un operador estratégico.
Sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre el monto adjudicado y antecedentes de algunas firmas vinculadas al grupo ganador. En particular, se señalaron vínculos de Rowing con Equo Capital, conglomerado que incluye a Direct Group y Lógico, empresas que aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025, según registros públicos de la Cámara Nacional Electoral.
Paralelamente, cuatro legisladores integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones —las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich— presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Solicitan investigar las condiciones de la licitación y los métodos de tasación empleados para fijar el valor de AySA.
Los denunciantes cuestionan la reserva de los informes de valuación y plantean dudas sobre la participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que habría advertido limitaciones para aplicar el método basado en ingresos esperados, inversiones y costos operativos, dado que su especialidad es la valoración de activos físicos. La denuncia indica que la tasación fue realizada por una unidad especializada dentro del BICE y reclama la transparencia sobre los criterios utilizados para fijar el precio, además de pedir evaluar posibles responsabilidades administrativas o penales.
El Ministerio de Economía aseguró que la privatización permitirá mejorar la eficiencia y la inversión en infraestructura hídrica. No obstante, organizaciones sociales y sindicatos anunciaron movilizaciones para exigir mayor transparencia y defender el acceso público al servicio.
La firma del contrato marcará un hito en la gestión del agua en Argentina, aunque la oposición insiste en revisar el proceso. El Ministerio de Economía ratificó que la venta busca garantizar inversiones y mejorar el servicio, mientras crecen las protestas sociales.
