Universidades nacionales: el ajuste que proyecta Milei para 2027 y el dato alarmante sobre los salarios docentes
El proyecto presupuestario para 2027 contempla un incremento real del 1,2% frente al crédito de 2026, aunque insuficiente para revertir el recorte acumulado.
Por redacción
El presupuesto destinado a las universidades nacionales continuará por debajo de los niveles de 2023 si se aprueba el proyecto oficial para 2027. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la partida para el sistema universitario se ubicaría un 21,1% por debajo en términos reales respecto de 2023, pese a que el Gobierno prevé una leve recuperación frente al crédito vigente para 2026.
El documento señala que el presupuesto del Programa 26, denominado “Desarrollo de la Educación Superior”, registró una reducción real del 25,2% entre 2023 y 2025. Para 2026, con datos actualizados hasta el 14 de octubre y una proyección de inflación hasta diciembre, la caída acumulada alcanzaría el 22% en comparación con el último año de la gestión anterior.
En ese contexto, el proyecto presupuestario para 2027 contempla un incremento real del 1,2% frente al crédito de 2026, aunque insuficiente para revertir el recorte acumulado. Además, el informe advierte que $851.558 millones destinados al fortalecimiento de los recursos humanos quedarían sujetos a la decisión de la Secretaría de Educación, por lo que su ejecución no estaría garantizada.
La brecha también se observa al comparar el proyecto oficial con la Ley de Financiamiento Universitario. Según el CEPA, si se aplicara la norma ratificada por el Congreso, el presupuesto universitario ascendería a $9,60 billones a valores de 2027, un 28% más que lo previsto en el proyecto oficial.
La ley sigue sin aplicarse y los salarios pierden poder adquisitivo
La Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre y ratificada por el Congreso el 2 de octubre. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 y, tras una decisión judicial que ordenó implementarla, presentó en febrero de 2026 un proyecto para modificarla. La iniciativa todavía no había sido tratada en comisión, según el relevamiento.
El ajuste presupuestario tuvo consecuencias directas sobre los ingresos del personal universitario. Hasta septiembre de 2026, los salarios docentes y no docentes acumularon una pérdida del 24,2% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
El informe también compara la evolución histórica de los ingresos: un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad cobraba el equivalente a $1.185.861 en noviembre de 2015, medido en pesos de septiembre de 2026. Para septiembre de este año, su salario había descendido a $672.309, una caída real del 43,3%. Con la aplicación de la ley, habría alcanzado los $887.581.
La situación también se refleja en los indicadores sociales. De acuerdo con el CEPA, en septiembre solo los docentes titulares y adjuntos con dedicación exclusiva y los no docentes de las categorías 1, 2 y 3 superaban la línea de pobreza para un hogar tipo 2. Además, los jefes de trabajos prácticos y auxiliares semiexclusivos, junto con todos los cargos de dedicación simple, percibían ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria, utilizada como referencia para medir la indigencia.
