La Corte Suprema dio marcha atrás y restituyó provisoriamente la Ley de Tierras
Con una ajustada mayoría de cuatro votos contra uno, el máximo tribunal suspendió el artículo del DNU 70/2023 que eliminaba los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. La medida responde a un amparo ambiental y estará vigente hasta que la Justicia de Bariloche resuelva el fondo del caso.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso este viernes la suspensión provisoria de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, restableciendo de manera cautelar los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras en Argentina.
La decisión fue adoptada en un acuerdo extraordinario por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que el ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La Corte había convocado a los conjueces luego de que sus tres miembros titulares no alcanzaran una posición común sobre el planteo.
El fallo responde a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quienes cuestionaron la eliminación de los controles sobre la propiedad rural por sus posibles efectos sobre el ambiente y los derechos territoriales de las comunidades originarias. La mayoría consideró necesario garantizar la tutela judicial efectiva y evitar daños ambientales irreparables mientras se tramita la causa.
La causa fue devuelta al Juzgado Federal de Bariloche, que deberá pronunciarse sobre la legitimación de los demandantes y evaluar el pedido de protección judicial de fondo.
Con esta medida, vuelve a regir provisoriamente la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, con restricciones adicionales por nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas por titular en las zonas de mayor valor agrícola.
La nueva intervención del máximo tribunal profundiza la interna judicial en torno al alcance del DNU 70/2023 y reactiva el debate sobre el rol del Poder Judicial frente a las medidas de desregulación impulsadas por el Poder Ejecutivo. Organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos celebraron la decisión y pidieron que el Congreso avance con la derogación definitiva de la norma, mientras que desde el sector agroexportador advirtieron que la incertidumbre jurídica podría frenar inversiones extranjeras en el campo argentino.
