El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas por explotación ilegal en Malvinas
La administración de Javier Milei presentará una denuncia contra cinco compañías por presuntas violaciones a la Ley 26.659 en la exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas, además de priorizar en el Presupuesto 2027 la Base Naval Integrada.
El Gobierno de Javier Milei anunció que realizará una denuncia penal contra cinco empresas implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La acción judicial se fundamenta en posibles infracciones a la Ley 26.659, que sanciona actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en la zona. La denuncia será presentada por el canciller Pablo Quirno, con el respaldo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, e incluirá no solo a las compañías sino también a directivos y representantes que hayan participado en las actividades cuestionadas.
Las empresas señaladas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Tres de ellas, según el Gobierno, cuentan con permisos otorgados por el Reino Unido para operar en la Cuenca Malvinas Norte, un hecho que la Casa Rosada considera incompatible con la legislación nacional. Desde el Ejecutivo se sostiene que estas autorizaciones constituyen una presunta vulneración de las normas argentinas que protegen los recursos naturales del archipiélago y que, por ello, la denuncia busca proteger la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos.
La presentación judicial se enmarca en una investigación que deberá determinar si existieron delitos y responsabilidades individuales. El anuncio se produce días después de que el presidente Milei reafirmara en cadena nacional el reclamo argentino por las Malvinas y criticara el avance del proyecto Sea Lion, liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, con participaciones del 65% y 35% respectivamente.
En diciembre pasado, la Cancillería ya había rechazado la inversión en ese proyecto, calificando a las empresas involucradas como “licenciatarias ilegítimas”. Ahora, con esta denuncia, el Gobierno busca trasladar el conflicto al ámbito judicial y hacer valer la normativa argentina frente a actividades que considera no autorizadas.
En paralelo a esta ofensiva legal, el presidente Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados a la seguridad nacional. El presupuesto debe ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según el calendario oficial.
Esta estrategia dual combina la vía judicial contra las empresas hidrocarburíferas con el fortalecimiento de la infraestructura estratégica de defensa, reforzando así el reclamo argentino sobre las islas y la protección de sus recursos naturales en las áreas marítimas que considera propias. La medida busca además enviar un mensaje claro sobre la defensa de la soberanía nacional y la ilegalidad de las operaciones sin consentimiento argentino. Se espera que el caso genere repercusiones internacionales y un debate sobre la jurisdicción en la región.
