El BID financiará con USD 500 millones subsidios de gas para hogares vulnerables y zona fría
El Gobierno aprobó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para sostener subsidios energéticos focalizados, con foco en la protección de usuarios residenciales y la mejora de la gestión estatal.
El Gobierno nacional oficializó la aprobación de un préstamo por hasta USD 500 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa “Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables”. La medida fue establecida mediante el Decreto 1178/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
De acuerdo con el contrato, el 98,9% de los fondos se destinarán a cubrir los subsidios dirigidos al consumo de gas por parte de usuarios residenciales, incluyendo el subsidio para la Zona Fría, regulado por normativas vigentes. El programa tiene como objetivo principal proteger el consumo energético de los hogares más vulnerables, al tiempo que busca contribuir a la sostenibilidad fiscal y a la progresividad del esquema de subsidios energéticos.
El financiamiento se distribuirá en tres grandes componentes: USD 494,5 millones para las bonificaciones a hogares vulnerables, USD 5 millones para el fortalecimiento institucional y estudios técnicos, y USD 500.000 para administración, auditoría y evaluación. Entre los subsidios focalizados se encuentran los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecidos por el Decreto 943/2025, y el subsidio para la Zona Fría, creado por la Ley 25.565 y modificado por la Ley 27.637. El contrato permite al BID reconocer como gastos elegibles hasta 100 millones de dólares en subsidios al gas pagados entre el 28 de abril y el 5 de agosto de 2026, siempre que se otorguen bajo condiciones equivalentes a las pactadas en el acuerdo.
La ejecución del componente de bonificaciones se desarrollará en cuatro fases, liberando los fondos conforme se cumplan metas específicas. En las dos primeras fases, el préstamo cubrirá hasta el 90% de los subsidios elegibles; en las dos últimas fases, el porcentaje aumentará hasta el 95%. Para avanzar a la segunda etapa, el Gobierno debe implementar un sistema de bonificación para garrafas.
La tercera fase implica mejorar la identificación de beneficiarios para evitar duplicados y presentar estudios técnicos sobre precios y rediseño de la asistencia. La cuarta dependerá de la actualización de criterios de elegibilidad y niveles de consumo base.
El componente de fortalecimiento institucional financiará consultorías, equipamiento tecnológico para mejorar los sistemas de datos y estudios técnicos para fortalecer al regulador del gas. Entre estos análisis se incluyen la elasticidad de la demanda y comparaciones tarifarias internacionales, además de estudios de mercado sobre el subsidio al gas en garrafas y reevaluación de bloques de consumo para gas natural y GLP.
El préstamo tendrá un plazo de devolución de 25 años, con cuotas semestrales que comenzarán a pagarse 66 meses después de la firma del contrato. Los intereses se abonarán cada seis meses, con una tasa basada en la SOFR, y la comisión de crédito no podrá superar el 0,75% anual. El plazo para la realización de desembolsos será de cuatro años.
Para el primer desembolso, el Gobierno debe aprobar el reglamento operativo del programa y designar un equipo de ejecución que incluya un coordinador y especialistas técnicos, de adquisiciones y financieros. La ejecución estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, mientras que la gestión operativa y financiera correrá por cuenta de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como organismo subejecutor, encargado del equipamiento de datos y estudios de fortalecimiento, previa firma de un convenio con el organismo ejecutor.
En los considerandos de la norma, el Banco Central evaluó que la operación tendrá un impacto macroeconómico limitado sobre la balanza de pagos, y la Oficina Nacional de Crédito Público no presentó objeciones, dado que el costo financiero del préstamo es menor al que el país obtendría en el mercado. El decreto también facultó al ministro de Economía y a los funcionarios designados para firmar el contrato y autorizó al titular de Economía a negociar modificaciones, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos, incrementos en el monto ni alteraciones en el procedimiento arbitral.
