Industria textil en crisis: actividad cae más de 20% y se perdieron 29.000 empleos en 2026
La caída de la producción textil en 2026 supera el 20%, con una utilización de maquinarias en mínimos históricos y una destrucción masiva de puestos laborales que afecta a la cadena textil, indumentaria y calzado.
La industria textil argentina enfrenta una de las peores crisis de su historia en 2026, con una caída del 20,8% en la actividad interanual entre enero y agosto, y un desplome acumulado del 33,9% respecto al mismo período del año anterior. Según datos de la Fundación Pro Tejer presentados en el evento ProTextil 2026, la capacidad instalada apenas se utiliza en un 40,6%, el nivel más bajo desde 2020, año marcado por la pandemia. Este deterioro productivo tiene un fuerte impacto en el empleo, con la pérdida de 28.818 puestos de trabajo registrados en la cadena textil, indumentaria y calzado desde diciembre de 2023, lo que representa casi un tercio del total de empleos industriales destruidos en el país en ese período.
Además, la crisis ha provocado el cierre de 1.090 establecimientos industriales en el sector entre diciembre de 2023 y julio de 2026, una caída del 17,7%. En paralelo, el comercio vinculado a la industria textil perdió otros 3.804 locales, equivalente a un descenso del 17,8%. El conjunto de cierres empresariales en el país alcanzó las 33.583 unidades con trabajadores registrados, lo que implica una media de aproximadamente 42 empresas cerradas por día en el último año.
El presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, durante la apertura del evento, criticó la política económica vigente y pidió medidas concretas para sostener la producción nacional. Aunque reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la baja inflación, advirtió que estas condiciones no son suficientes para revertir la crisis del sector.
El sector enfrenta un contexto complejo marcado por una demanda interna debilitada, un incremento significativo de las importaciones y la dificultad para afrontar los costos crecientes de producción. Las importaciones pasaron de representar históricamente cerca del 50% del abastecimiento local a cerca del 70%, mientras que la producción nacional redujo su participación al 30%.
Esta situación coincide con una pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Entre enero y agosto de 2026, el salario privado registrado cayó un 4%, el público un 25% y el haber mínimo jubilatorio, incluyendo el bono, retrocedió un 10%. Las ventas en supermercados y shoppings también sufrieron fuertes caídas, del 16,2% y del 28,5% respectivamente, en comparación con el mismo período de 2023.
Además, los costos de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementaron un 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, muy por encima de la inflación acumulada del 241%, afectando aún más la competitividad de las empresas textiles. Las importaciones de indumentaria crecieron un 46% en toneladas entre enero y septiembre de 2026 respecto al año anterior, mientras que las confecciones para el hogar aumentaron un 209%.
Los volúmenes importados de productos textiles también mostraron subas en diversos segmentos. Por otro lado, las compras vía courrier alcanzaron los 960 millones de dólares en ese mismo período, multiplicando por 6,3 el monto registrado en 2024 y superando en un 60% el volumen de 2025.
Galfione cuestionó la competencia desigual que enfrentan los productores locales y rechazó que el precio elevado de la ropa se deba exclusivamente a la ineficiencia de las fábricas argentinas, afirmando que “es la Argentina la que tiene un problema de competitividad”. Además, apuntó contra factores externos como la presión tributaria, la logística, la infraestructura, el financiamiento, los alquileres comerciales y la intermediación, que encarecen los productos más allá del proceso industrial.
La Fundación Pro Tejer reclamó la implementación de una política industrial activa, destacando que desde 2020 las principales economías han multiplicado sus medidas proteccionistas y de estímulo para sus sectores productivos. Ejemplos mencionados incluyen las restricciones de Estados Unidos sobre envíos de bajo valor, los aranceles de la Unión Europea a paquetes externos y la legislación francesa contra el ultra fast fashion, así como las medidas arancelarias de México para productos sin acuerdos comerciales.
Finalmente, Galfione expresó dudas sobre la efectividad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que no exige suficiente integración con proveedores nacionales y podría no generar un impacto significativo en las pymes, que representan el 98% de las empresas empleadoras y concentran el 50% del empleo privado registrado en el país. El sector exige políticas de protección y estímulo para revertir la crisis, mejorar la competitividad y frenar el avance de las importaciones. Sin acciones urgentes, la continuidad de la producción nacional y el empleo están en riesgo.
