La próxima crisis puede empezar con un hackeo: qué riesgos enfrentan Argentina y el mundo
La dependencia de los sistemas digitales aumenta el impacto potencial de un ataque informático, mientras organismos y empresas todavía enfrentan problemas de actualización, recuperación y protección de datos.
Por Eisandro Santos
Especialista en IA
Imaginemos que un hospital pierde el acceso a las historias clínicas, una empresa no puede ingresar a sus cuentas bancarias o un municipio debe suspender trámites porque sus sistemas dejaron de funcionar. Un ataque informático contra servicios esenciales puede dejar de ser un problema tecnológico para convertirse en una crisis económica y social.
La preocupación crece frente a una dependencia digital cada vez mayor, que no siempre está acompañada por inversiones suficientes en seguridad. En Argentina y en el mundo todavía existen equipos obsoletos, aplicaciones desactualizadas y sistemas cuya capacidad de recuperación nunca fue puesta a prueba.
El avance de la inteligencia artificial (IA) también introduce un nuevo factor de riesgo: los atacantes pueden automatizar tareas y ampliar la escala de sus operaciones.
Los antecedentes que exponen la vulnerabilidad de Argentina
En octubre de 2026, un ataque al proveedor tecnológico PGM afectó sistemas utilizados por Roldán, Tanti y Villa Carlos Paz. Los inconvenientes alcanzaron trámites, consultas y pagos de tasas. Roldán consiguió recuperar su información gracias a sus respaldos, una diferencia clave para evitar una interrupción prolongada.
La Justicia también registró episodios relevantes. En agosto de 2022, un ataque de ransomware afectó al Poder Judicial de Córdoba, que debió suspender plazos procesales y restablecer sus servicios por etapas. En octubre de 2026, el Poder Judicial de Formosa interrumpió preventivamente algunas plataformas ante vulnerabilidades críticas, aunque aclaró que no había detectado intrusiones.
Las estadísticas oficiales también reflejan el crecimiento del problema. Durante 2025, el CERT.ar registró 520 incidentes de seguridad, un 19% más que el año anterior. De ese total, 254 correspondieron al Estado, 127 al sector financiero y 52 fueron clasificados como críticos.
Además, se contabilizaron 150 compromisos de cuentas, una modalidad que permite a los intrusos ingresar mediante credenciales robadas. Según publicó Clarín el 13 de noviembre, para octubre de 2026 el registro había alcanzado los 800 casos.
Sistemas obsoletos y fallas en los organismos públicos
Las vulnerabilidades no son nuevas. Una auditoría de 2025 identificó en el Ministerio de Justicia cuatro aplicaciones y cuatro equipos obsoletos, además de limitaciones presupuestarias y de personal para renovarlos.
La Auditoría General de la Nación (AGN) también había observado ausencia de planes de continuidad y recuperación en PAMI, junto con deficiencias en los respaldos del sistema sanitario SISA. Estas últimas revisiones analizaron períodos finalizados en 2021 y 2022.
Otro episodio expuso los riesgos sobre la información sensible: en mayo de 2026, Chequeado encontró al menos 40 expedientes de PAMI accesibles públicamente con datos médicos privados. El acceso fue retirado en junio. No hizo falta un ataque sofisticado para exponer esos documentos, sino controles insuficientes.
La inteligencia artificial amplía el alcance de las amenazas
La Disposición 1/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad exigió a los organismos nacionales alcanzados contar con inventarios, planes de contingencia y pruebas de recuperación. El plazo de adecuación venció el 10 de noviembre.
A esto se suma el avance de herramientas de IA utilizadas con fines maliciosos. En septiembre de 2026, Anthropic documentó operaciones en las que actores maliciosos recurrieron a estas tecnologías para investigar objetivos, desarrollar herramientas, acceder a sistemas y analizar información robada.
La automatización permite intentar vulnerar más objetivos en menos tiempo, mientras muchas organizaciones todavía postergan actualizaciones básicas.
El riesgo de una crisis digital de alcance global
El temor es que durante los próximos meses se produzcan ataques graves contra bancos, hospitales, empresas y organismos públicos, con interrupciones prolongadas y pérdidas económicas millonarias.
El robo de aproximadamente USD 1.500 millones en activos virtuales del exchange Bybit, ocurrido en febrero de 2025 y atribuido por el FBI a Corea del Norte, demuestra la dimensión económica que pueden alcanzar estas operaciones.
La IA también puede contribuir a detectar anomalías y reforzar las defensas. Sin embargo, la prevención requiere inversiones concretas en hardware, software, controles de acceso y sistemas de recuperación.
La clave es comprobar que los respaldos funcionan y que los servicios pueden restablecerse dentro de plazos medibles. Esperar a que ocurra un ataque para descubrir que los mecanismos de emergencia no funcionan puede tener consecuencias demasiado costosas.
