AySA propone subas de hasta 22,6% para casi dos millones de usuarios antes de pasar a manos privadas
La empresa estatal lleva este lunes a audiencia pública una reforma tarifaria que golpeará a seis de cada diez hogares del AMBA, con casos puntuales de hasta 149%. La maniobra se conoce a días de que el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX asuma el control de la compañía.
Por Eric Nesich
Periodista especializado en Economía y Finanzas
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tiene todo listo para aplicar un nuevo tarifazo que, de aprobarse, modificará de manera profunda las facturas de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La propuesta, que se discute este lunes en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), llega en un momento incómodo: a menos de tres semanas del traspaso del 90% de las acciones de la empresa al consorcio privado Rowing-Arcos-Transclor-PHX.
El número que resume el impacto es contundente: 1.998.747 usuarios residenciales —aproximadamente el 60% del total— afrontarían un aumento promedio del 22,6% en sus facturas. La factura media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, una diferencia de $6.594, según los cálculos de la propia compañía, medidos a valores de septiembre de 2026 y sin impuestos.
El golpe no será uniforme. Mientras que unos 683.927 usuarios (cerca del 20%) verían reducciones promedio del 14,7%, y otros 672.194 mantendrían sus facturas sin cambios, el promedio ponderado para todo el universo residencial arroja una suba del 11,4%. Pero el dato más alarmante está en los extremos: el informe presentado ante el ERAS contempla correcciones de hasta el 149% en casos específicos, donde se combinan la reclasificación zonal y la pérdida de bonificaciones. Según AySA, las subas superiores al 100% alcanzarían al 3% de los usuarios residenciales.
Pero más de la mitad del aumento no proviene de la reclasificación, sino de la eliminación progresiva del descuento del 15% que reciben los usuarios de zonales bajos. Según el propio informe de AySA, esa quita explica el 54% de la facturación adicional prevista. Para los afectados, el beneficio se retiraría en tres etapas: 10% el primer mes, 5% el segundo, y 0% el tercero, lo que implica subas de "alrededor de 6% por mes" durante ese período.
La implementación sería gradual para amortiguar el impacto: los aumentos derivados de los nuevos coeficientes tendrían un tope del 5% mensual acumulativo sobre los cargos afectados, y comenzarían a aplicarse desde el cuarto mes.
La propuesta de AySA también contempla destinar el excedente de ingresos generado por la reforma —estimado en $140.057 millones anuales— a financiar una ampliación del programa de Tarifa Social. El argumento oficial es que el ajuste corrige "inequidades históricas" en la distribución de las cargas tarifarias y permite sostener el equilibrio financiero de la concesión que está por nacer.
Para los usuarios, el resultado es otro: el agua, un servicio esencial, vuelve a ser el epicentro de un ajuste que combina la urgencia fiscal con la transferencia de una empresa pública a manos privadas. La audiencia de este lunes definirá la letra chica, pero el rumbo ya está trazado.
