Cuáles son las nuevas medidas de seguridad para tarjetas de crédito
Dos cambios importantes se vienen para los pagos con tarjeta de crédito. A continuación los detalles.
Por redacción
La Secretaría de Comercio para fortalecer su compromiso con la protección de los consumidores y la lucha contra el fraude informático en las transacciones con tarjetas de crédito, compra o débito emitió una resolución que establece medidas clave para salvaguardar los derechos y la seguridad financiera de los ciudadanos.
En concreto, a partir de este martes se realizarán dos cambios fundamentales en los pagos con tarjetas de crédito y débito: en primer lugar, ya no será necesario presentar el DNI u otro documento para acreditar identidad; en segundo lugar, los plásticos solo podrán ser manipulados por el cliente y no por los comerciantes. La medida se oficializó esta jornada con su publicación en el Boletín Oficial a través de la Resolución 87/2024.
Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la posibilidad de la captura indebida de datos de los consumidores o su uso fraudulento, fortaleciendo así la seguridad del sistema de tarjetas en su conjunto.
En caso de incumplimiento de esta resolución, se aplicarán multas a los establecimientos comerciales infractores.
Esta medida punitiva busca no solo garantizar el acatamiento de la normativa, sino también proteger los intereses económicos de los consumidores, quienes merecen realizar transacciones seguras y confiables.
Asimismo, los proveedores de servicios tienen un plazo de 180 días para adaptar sus servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la resolución. Esta disposición busca no solo la implementación efectiva de las medidas de seguridad, sino también brindar a los consumidores un canal eficiente para resolver cualquier inconveniente o inquietud relacionada con sus transacciones.
De acuerdo con el texto oficial, esta resolución tiene como objetivo primordial asegurar que los consumidores no pierdan el control de sus tarjetas durante las transacciones, imponiendo sanciones a aquellos comercios que no cumplan con esta medida. Al mismo tiempo, otorga un plazo de 180 días a los proveedores para adaptar sus servicios de atención al cliente, promoviendo así un entorno de transacciones seguro y confiable para todos los ciudadanos.
