Tarjetas de crédito: cuáles son los importantes cambios que afectarán los resúmenes
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial sendas modificaciones para la implementación del uso de tarjetas de crédito para los usuarios.
Por Eric Nesich
El Gobierno implementó una serie de importantes cambios en el régimen de las tarjetas de crédito, con el objetivo de alcanzar una "fuerte desregulación y simplificación" en este mercado clave. A través del Decreto 361/2024, recién publicado en el Boletín Oficial, se han reglamentado dos artículos de la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito, específicamente relacionados con el resumen de operaciones de los usuarios.
Una de las modificaciones establece que, para el envío del resumen mensual de operaciones, como prevé el artículo 22, no será necesario contar con la aprobación expresa del usuario cuando este se realice de manera electrónica. Además, se ha determinado que el canal de comunicación mencionado en el artículo 25 para el caso de no recepción del resumen puede ser telefónico, electrónico o similar, siempre y cuando cumpla con su propósito.
Estas decisiones fueron justificadas por el Poder Ejecutivo en el contexto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual estableció una serie de medidas destinadas a desregular la economía. Uno de los puntos clave de dicho decreto fue la modificación de la Ley N° 25.065 de Tarjetas de Crédito, con el fin de llevar a cabo una importante desregulación y simplificación en este sector, adaptándose a los cambios recientes en las modalidades de interacción y las tecnologías de digitalización.
Según la visión de la Casa Rosada, el DNU 70/2023 postula la necesidad de reconstruir la economía mediante la eliminación inmediata de barreras y restricciones estatales que obstaculizan su desarrollo normal, al mismo tiempo que promueve una mayor integración en el comercio mundial.
Dentro de las disposiciones de este decreto, se establece que cualquier entidad, en el marco de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o facilitar el pago con las mismas. Además, se obliga a las entidades emisoras a hacer pública la tasa de financiación aplicada, promoviendo así una mayor transparencia en el sector financiero en general.
